Durante la última dictadura militar (1976-1983), la deuda trepó hasta los 45000 millones de dólares, con lo cual se pasó a tener una deuda per cápita de 1500 dólares, lo que significaría un grave problema durante la transición democrática. Alrededor del 20 de junio de 1984, el gobierno de Raúl Alfonsín tenía que entregar al Fondo Monetario Internacional su carta de intención. El MoJuPo decidió entonces convocar a una movilización para el día 22 bajo las consignas “contra las presiones del FMI y la usura internacional" y “por la unidad de los pueblos latinoamericanos, contra la agresión imperialista", animado del deseo de inspirar al gobierno a tomar una actitud más firme frente al Fondo.

El proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985 gracias al decreto 158 firmado por el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras juntas militares de la dictadura (autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional") debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos durante el período 1976-1983 constituye un hecho excepcional en América Latina. Los seis jueces que integraron el tribunal fueron León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. El juicio terminó el 9 de diciembre de 1985 con la condena de los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.