Los edictos policiales constituyeron uno de los instrumentos más frecuentes de persecución por parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia las personas más vulnerables del entramado social, entre las que se incluye a la comunidad LGTBI, acusada por esos años de inflingir normas vinculadas a la "moralidad".

La aplicación de los edictos se encontraba vinculada al procedimiento de la razia (o razzia), definida por Sofía Tiscornia como "una técnica policial que supone rodear un predio, una población, una calle, un barrio, impedir los movimientos de las personas que quedan atrapadas en el rodeo; obligarlas a subir a móviles policiales o vehículos de transporte colectivo, y conducirlas a territorio policial: en general, la comisaría. Comienza entonces un proceso de deshumanización en el que se exige obediencia, cumplimiento irrestricto de las órdenes, y gritos policiales, sumisión, servilismo."

Es por eso que el reclamo por la derogación de los edictos, presentes en el articulado de los Códigos Contravencionales de diversas ciudades del país, fue una de las primeras luchas libradas por los colectivos de reivindicación la diversidad sexual de nuestro país. Estas organizaciones no fueron las únicas en llevar a cabo este reclamo: muchos organismos de Derechos Humanos también lo hicieron resaltando el carácter de inconstitucionalidad de los edictos y un resabio de las arbitrariedades cometidas por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

En ese contexto, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) lanzó en el año 1989 la campaña "Stop Razzia" con el objetivo de "registrar todos los casos de detenciones individuales o de razzias, en versión directa de los perjudicados o de otras personas, y -especialmente- si se han pedido o exigido documentos y si se realizó algún trámite para constatar fehacientemente la identidad y los antecedentes penales." (ver: http://archivos.cedinci.org/index.php/objetivos-de-la-campana-stop-razzia )

Este fondo muestra el minucioso registro realizado en el marco de esta campaña entre los años 1989 y 1992. Con más de noventa casos, estos dos libros de actas registran diversas situaciones en distintos puntos de la Argentina, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. Son anotaciones manuscritas, cada una anotada como un "caso" y un número correlativo asociado. Estos casos eran relatados en primera persona, o por terceros participantes en la situación en su carácter de testigos o de denunciantes en nombre de los damnificados que no se atrevían a realizar la denuncia; o registros realizados a partir de artículos en periódicos. En muchos de los registros se encuentran adjuntos recortes periodísticos, la mayoría de ellos, extraídos del periódico Sur. En otros casos, se adjunta documentación probatoria o notas de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

Los casos que se presentan ocurren en la vía pública y en otros lugares públicos, como estadios o parques; y en otros el procedimiento policial se realizaba en lugares privados, como en boliches bailables -como algunos que nucleaban a la comunidad LGTB de aquellos años como "Soviet" o "Contramano"- o fiestas privadas, prostíbulos, etc. Los casos presentados exceden ampliamente a personas de sexualidad o identidad de género disidentes y se plasma el vasto entramado de represión policial de esos años.

Se encuentran, además, algunas declaraciones de la CHA relativas a la violación de los Derechos Humanos, no sólo contra las razzias, sino también denunciando los indultos decretados por el entonces presidente Carlos Saúl Menem que apuntaban a clausurar los procesos judiciales relativos a delitos cometidos durante la última dictadura militar.